El presidente del Gobierno cita el índice de democracia de The Economist Intelligence Unit para ilustrar una mejora en la calidad institucional de España. El dato citado es correcto. Lo que el post no menciona es que otros indicadores de referencia —que miden precisamente las dimensiones más cuestionadas del actual Gobierno— apuntan en sentido opuesto.
El Democracy Index 2024 de The Economist Intelligence Unit (EIU) sitúa a España en el puesto 21 de 167 países, con una puntuación de 8,13 sobre 10 y clasificada como «democracia plena». Respecto al año anterior, España sube dos posiciones. Ambas afirmaciones del post son verificables y no contienen inexactitud factual.
España comparte rango con países como Irlanda, Uruguay o Malta. Esto es un resultado genuinamente bueno: el índice refleja que los mecanismos electorales, las libertades civiles y la participación política funcionan a un nivel elevado por comparación internacional.
El Democracy Index evalúa cinco categorías con igual peso en la puntuación final. El análisis por subcategorías revela que el punto más débil de España dentro del propio índice es el funcionamiento del gobierno (7,50), la dimensión más directamente relacionada con la rendición de cuentas del ejecutivo.
La categoría «proceso electoral y pluralismo» —donde España obtiene un 9,58 prácticamente perfecto— es la que más contribuye al resultado global. Pero evalúa si las elecciones son libres y competitivas, si existen partidos de oposición y si el voto es secreto: cuestiones sobre las que no hay controversia en España.
Lo que el índice no captura de forma sensible en el corto plazo:
El propio índice advierte en su metodología que mide la arquitectura institucional de la democracia, no la conducta del gobierno en ejercicio. Una democracia puede tener elecciones perfectas y simultáneamente un ejecutivo en proceso de captura institucional progresiva sin que el índice lo detecte de inmediato.
Existen dos indicadores de referencia internacional que miden específicamente las dimensiones omitidas: la percepción de corrupción en el sector público y el Estado de Derecho operativo. Ambos muestran tendencia contraria a la que el post sugiere.
El Índice de Percepción de la Corrupción es el indicador global de corrupción en el sector público más utilizado del mundo, con cobertura en 182 países (edición 2025). España encadena dos caídas consecutivas: en 2024 registró su peor puntuación desde 2017, con una caída de cuatro puntos en un solo año y diez posiciones en el ranking global; en 2025 volvió a retroceder y firmó su peor puntuación del siglo, con un punto menos y tres posiciones más perdidas.
Nota: el total de países evaluados varía ligeramente entre ediciones (180 países hasta 2024, 182 en la edición 2025), lo que puede introducir una pequeña distorsión al comparar posiciones absolutas entre años.
España pasó del puesto 14 al 16 dentro de los 27 países de la Unión Europea entre 2018 y 2024, siendo superada por Letonia y Eslovenia, y volvió a retroceder en 2025 hasta el puesto 17/27, por debajo también de Portugal (56 puntos) y Eslovenia (58 puntos), y empatada con Chipre (55 puntos). Transparency International atribuye el descenso, además del deterioro ya señalado en 2024 en los parámetros de independencia judicial e integridad política, a «un preocupante estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción» y a «una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas» — un fenómeno que la propia organización enmarca como global y no exclusivo de España.
El WJP Rule of Law Index mide ocho dimensiones del Estado de Derecho mediante más de 214.000 encuestas domiciliarias y 3.500 encuestas a expertos jurídicos en 142 países. En 2024, España retrocedió en las dos dimensiones más directamente relacionadas con la independencia institucional frente al ejecutivo:
España se encuentra entre el 59% de países donde las restricciones al poder ejecutivo disminuyeron en 2024, y entre el 63% donde retrocedieron los derechos fundamentales. Ambas son dimensiones que miden el grado en que judicatura, parlamento y sociedad civil mantienen su capacidad de control frente al ejecutivo.
Al comparar los principales indicadores internacionales en función de lo que miden y hacia dónde apunta la tendencia de España, emerge un patrón sistemático: el Gobierno cita el único indicador con mejora y omite los que registran caída, con especial gravedad en el caso de la percepción de corrupción.
| Indicador | Qué mide | España 2024 | Tendencia | ¿Citado? |
|---|---|---|---|---|
| The Economist Democracy Index | Proceso electoral, participación, libertades civiles | 21 / 167 | ↑ Mejora | Sí ✓ |
| Índice de Percepción de la Corrupción — Transparency International | Corrupción en el sector público | 46 / 180 | ↓ Caída grave | No ✗ |
| WJP Rule of Law | Estado de Derecho, justicia, control ejecutivo | 18 / 31 (UE) | ↓ Deterioro | No ✗ |
| WJP — Restricciones al ejecutivo | Independencia de judicatura, parlamento y medios | 20 / 31 (UE) | ↓ Caída 2024 | No ✗ |
Las filas en amarillo tenue corresponden al indicador citado en el post. Las filas en rojo tenue corresponden a indicadores omitidos. La asimetría no es casual: los indicadores de democracia procedimental favorecen a España; los de rendición de cuentas y corrupción la perjudican. El post elige los primeros.
El post incurre en un error de encuadre de manual: cita el único indicador de referencia internacional que muestra mejora y omite los que miden las dimensiones precisamente cuestionadas —corrupción en el sector público y control del ejecutivo—, donde España registra su peor resultado en años. Usar el termómetro para defender la salud cardiovascular del paciente no es mentir sobre la temperatura: es elegir el instrumento que no detecta el problema.
El Democracy Index 2024 de The Economist es un indicador legítimo y la mejora de España en él es real. España sí es una democracia plena en el sentido procedimental: sus elecciones son libres, el pluralismo político existe y las libertades civiles se respetan. Pero eso no es lo que está en cuestión.
Desde el máximo del índice de percepción de la corrupción en 2019–2020, España ha perdido siete puntos y ha caído del puesto 30 al 49 mundial. En el índice de Estado de Derecho, retrocedió en 2024 en restricciones al ejecutivo y derechos fundamentales. Estos datos no aparecen en el post.